La ciudadanía vive, desde hace bastante tiempo, en una permanente situación de alarma social motivada fundadamente, a nuestro juicio, por cuatro evidencias constatadas día tras día:
  1. La corrupción inacabable y la incapacidad de las instituciones públicas para atajarla y sancionarla ejemplarmente.
  1. Este aparente desfallecimiento del Estado ha conducido a un proceso en el que la sociedad ha ido perdiendo, paulatinamente, confianza en el funcionamiento de las instituciones públicas.
  1. Se evidencia, además, una ausencia de proyecto, de impulso ético, legal y orgánico capaz de erradicar la gangrena que pudre los fundamentos del llamado Estado de Derecho.
  1. La confusión entre el concepto de Justicia (con la profundidad y extensión de sus contenidos) y el funcionamiento de tribunales constituidos en su nombre.

De continuar esta situación sin que las cosas cambien nuestra sociedad llegará a un punto de atonía y falta de pulso que animará a depredadores del dinero público a seguir con sus prácticas delictivas y sus exhibiciones de cinismo e impunidad. Se habrá llegado a una situación de la que será del todo imposible recuperar la ética pública y la Justicia. La corrupción se entronizará como hábitat permanente de nuestra vida.
Hacemos un llamamiento para que la ciudadanía se organice a nivel local, provincial, autonómico y nacional para expresar, con concentraciones, manifestaciones y otros actos el rechazo, la repulsa a este estado de cosas. Si esta acción cívica tiene eco, Madrid será el escenario donde culmine, por primera vez, la opinión de la ciudadanía.
Paralela y simultáneamente, y con el mismo esquema de organización, la ciudadanía, como depositaria de la soberanía popular, podrá constituirse en Ministerio Público que, como representante de los intereses globales de la sociedad, se persone o inicie las acciones legales en pro de restablecer, en la actuación de cada tribunal, los fundamentos y contenidos del Estado de Derecho.
En el ADN de nuestra Historia está la constitución de la población en Juntas Ciudadanas para defender, bien los intereses de la Patria, bien la Justicia y la ética pública. Tanto en 1808 como en 1868 se vio esa forma de reacción popular frente a la injerencia extranjera o frente a la arbitrariedad y corrupción de los gobiernos.
Este llamamiento contiene la siguiente serie de condiciones y características:
  1. Va dirigido a toda la ciudadanía, con independencia de afiliación política, perfil ideológico o estatus social. Queremos que se restablezcan los valores y prácticas jurídicas y funcionamiento de las instituciones que garanticen el Estado de Derecho para toda la ciudadanía.
  1. Las fuerzas políticas, las plataformas, movimientos, colectivos, etc. que estimen conveniente incorporarse a la convocatoria lo harán a través del trabajo individual y personal de sus afiliados y afiliadas. Este llamamiento es para el conjunto de la ciudadanía.
  1. Los actos y actividades de las Juntas en las que se constituye el Ministerio Público no exhibirán pancartas, símbolos u otros signos externos partidarios u organizativos, exceptuados los que los componentes de cada Junta acuerden para la misma. ..
 4. Estimamos conveniente que, desde el primer momento, las manifestaciones, actos públicos u otras iniciativas tengan un sello especial y específico inherente a la pluralidad de sus componentes y a los objetivos finales perseguidos: la lucha por la Justica y contra la corrupción. La convocatoria cívica a la que llamamos debe dar ejemplo de seriedad, dignidad y ejemplaridad junto con una firme voluntad de conseguir los objetivos marcados que preocupan a la mayoría ciudadana